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Desde hoy, las FF.AA. no podrán discriminar a militares homosexuales. Foto: Francisco Cajal / Flickr
Desde hoy, las FF.AA. no podrán discriminar a militares homosexuales. Foto: Francisco Cajal / Flickr

Desde hoy en la Argentina rige un nuevo sistema de justicia militar que despenaliza la homosexualidad entre los uniformados, erradica la pena de muerte y traslada los delitos exclusivamente militares a la órbita de la justicia común.

Con el antiguo sistema no se permitía el ingreso de personas homosexuales a la carrera militar, a la vez que se sancionaba esta orientación sexual. Y, si bien, no hay antecedentes públicamente conocidos de sanciones a personas homosexuales de acuerdo a la antigua norma, eso no implica que hombres y mujeres con esa orientación sexual no hayan sido sancionados y hasta separados de las FF.AA. con un manto de silencio.

En rigor, con este nuevo sistema, hombres gays o mujeres lesbianas que deseen formarse en las fuerzas no deberían encontrar ningún impedimento como así tampoco ningún tipo de represalias en ámbitos castrenses.

El nuevo código prevé también situaciones de acoso sexual —más allá de toda orientación— aclarando que “el militar que efectuara un requerimiento de carácter sexual para sí o para terceros, se sancionará bajo la amenaza de causar a la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera. El acoso sexual realizado por un superior aún superior es considerado como el más grave.

Además, el nuevo código reemplaza desde hoy al que estaba vigente desde 1951, un texto con conceptos arcaicos que databan del siglo XIX y por el que se rigieron y hasta se protegieron de sus abusos las sucesivas dictaduras que gobernaron la Argentina con mano dura.

Y a pesar de que muchas de las antiguas normas no se aplicaban en la práctica por usos y costumbres —como la pena de muerte habiendo sido la última ejecución en 1934— y por una flexibilización natural del régimen desde el advenimiento de la democracia, lo correcto era hacer un nuevo conjunto de normas militares.

En 2006 una comisión de organismos públicos y humanitarios, juristas y auditores militares comenzó a elaborar el nuevo código. En agosto de 2007, las dos cámaras del Congreso aprobaron la ley 26.394, que reglamenta el nuevo código. Se estableció así un plazo de seis meses para que entre en vigor.

El nuevo código erradica la pena de muerte, rechazada por la Convención Americana de Derechos Humanos, que se manifiesta la Constitución Argentina y establece que ante cualquier delito común los militares deberán someterse a la Justicia Federal y pueden apelar ante esos mismos tribunales federales las sanciones disciplinarias. Para formalizar esto, se debieron realizarse también modificaciones a varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal.

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