El juez Fernando Ferrín Calamita

[Madrid, España | Agencias] El Tribunal Supremo ha aumentado de dos a diez años de inhabilitación para ejercer como magistrado al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial.

El motivo fue retrasar la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.

Así lo ha dispuesto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso presentado por el juez de Murcia contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, que le condenó a dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual.

En la sentencia el Supremo le considera responsable de un delito de prevaricación judicial no continuado, por el que le impone además una multa de 720 euros y una indemnización de 6.000 euros para la mujer que adoptó a la menor.

Cinco resoluciones polémicas

Durante la vista celebrada ante el Supremo por este caso el pasado 22 de octubre, el fiscal fundamentó su petición en la existencia de prevaricación en un total de cinco resoluciones dictadas por el juez de Murcia en el expediente de adopción que supusieron “una contradicción grave contra el ordenamiento jurídico”.

Entre ellas, la petición de un examen sobre la madre biológica, el nombramiento de un defensor judicial de la niña (requisito no exigido por la ley), o la realización de unas preguntas a la psicóloga del caso, relativas a la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres. Para la acusación particular, ejercida por el abogado José Luis Mazón, las resoluciones que supusieron prevaricación fueron ocho.

“Dictó a sabiendas resoluciones inauditas únicamente porque se trataba de una pareja de mujeres”, dijo el letrado.

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