Mil casamientos a seis meses de aprobado el matrimonio igualitario

El 15 de enero se cumplen seis meses de la histórica sesión en que el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la ley 26.618, de Matrimonio Igualitario. Tras seis meses de sancionada la trascendente norma, cerca de mil parejas conformadas por personas del mismo sexo han contraido matrimonio en todas las provincias argentinas.

Con una votación que obtuvo el apoyo de todos los bloques políticos – tal cual había ocurrido en la Cámara de Diputados – el Senado nacional escribía una trascendente página en la historia argentina al aprobar, por 33 votos a favor y 27 en contra la ley que reconocío la igualdad de derechos y la dignidad para todas las parejas y todas las familias.

Luego de los primeros nueve matrimonios celebrados por vía judicial, gracias a la estrategia jurídica iniciada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en 2007, hoy, tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, son cerca de mil los matrimonios celebrados mediante el mismo trámite administrativo que realizan las parejas heterosexuales. El distrito donde más matrimonios “igualitarios” se celebraron es la provincia de Buenos Aires, con al menos 350 parejas. De cerca le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 330 parejas.

También ha habido alrededor de 80 celebraciones en la Provincia de Santa Fe, y siguen en cantidad de matrimonios las provincias de Córdoba y Mendoza, donde solo en sus capitales, se celebraron respectivamente 45 y 20 casamientos, a lo que deben sumarse las celebraciones en las ciudades y pueblos del interior de las mismas.

Entre otras provincias que han realizado varios matrimonios entre personas del mismo sexo se cuentan Tucumán y Entre Ríos, pero es de destacar que se han realizado matrimonios entre personas del mismo sexo en todas las provincias de la Argentina, lo que muestra el carácter claramente federal de esta norma que llevó a todo el país derechos que los porteños y los bonaerenses ya ejercían por la vía judicial.

También es cierto que muchas parejas aún prefieren esperar para casarse, y que muchas otras nunca lo harán, en concordancia con costumbres cada vez más extendidas entre las parejas heterosexuales. Sin embargo, la sola posibilidad de elegir no casarse —en lugar de tenerlo lisa y llanamente vedado— dignifica las vidas de los millones de personas que antes no podían hacerlo, así como de sus familias, sus amigos, y en fin, de toda la sociedad.

Además, el fin de una normativa discriminatoria, resulta siempre una señal inequívoca desde el Estado de que no es posible restringir los derechos de un sector de la población en función de su orientación sexual sin violar los principios constitucionales básicos de igualdad ante la ley, dignidad de las personas y autonomía personal. Se trata, en fin, de una cuestión de derechos humanos fundamentales.

Todavía quedan cuestiones por resolver, como lograr el reconocimiento de todos los hijos e hijas de familias homoparentales nacidos y nacidas antes de la sanción de la ley 26.618, sin restricciones arbitrarias, ya que toda persona —independientemente de su edad— tiene derecho a que el Estado garantice el reconocimiento de sus padres y/o madres, en tanto reconocimiento de su identidad afectiva y familiar.

Al respecto, Flavia Massenzio, Secretaria de Asuntos Jurídicos de la FALGBT expresó “tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Declaración America de Derechos y Deberes del Hombre –entre otros tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna – consagran que “toda persona tiene derecho a constituir una familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”; es por ello que en este juego armónico de interpretación de derechos consagrados constitucionalmente, con el art. 42 de la ley 26.618 de matrimonio igualitario, no queda margen de dudas que puedan llevar a los funcionarios de los registros civiles a proceder a una inscripción de nacimiento de una manera distinta a la realizada para el caso de parejas heterosexuales”

También resta que el Poder Ejecutivo – de acuerdo al compromiso asumido por el Ministro Randazzo ante la FALGBT - aclare la normativa vigente sobre matrimonio entre extranjeros no residentes, para hacer cumplir plenamente el art. 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros “todos los derechos civiles del ciudadano”, en particular, el de “casarse conforme a las leyes”.

Esta cuestión —decidida en nuestra Constitución desde siempre— beneficiará a todas las parejas, pero resulta especialmente relevante para las parejas de personas del mismo sexo, en cuanto a la mayoría les permitirá acceder a un derecho que no es reconocido en sus países de origen.

En relación a este tema, Alejandro Nasif Salum, Secretario de Relaciones Ineternacionales de la FALGBT comentó “es urgente que el matrimonio igualitario pueda ser celebrado por todas y todos los extranjeros que lleguen a nuestro país. Esa será una vía clara para extender estos derechos rápidamente a todo el Mercosur, en el marco de los tratados de integración y la Carta de Ciudadanía que los países se aprestan a suscribir”.

Para finalizar, Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó “la construcción transversal que implicó la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario demostró quehay valores y principios fundamentales que pueden trascender las pertenencias partidarias, cuando se antepone el bien común como objetivo a alcanzar.”

“En ese mismo sentido debemos construir un marco básico de igualdad dentro de la comunidad LGBT, con la aprobación dedos leyes fundamentales: la Ley de Identidad de Género, y la Ley de Salud Integral para personas Trans. Estas leyes garantizarán el derecho a la identidad y a la salud que les es sistemáticamente negado a las personas trans en la actualidad. Con estas leyes aprobadas, junto al matrimonio igualitario, tendremos un piso de igualdad legal, que nos permitirá trabajar con más fuerza aún en el largo camino hacia igualdad real, la igualdad social, y hacia una nación sin ningún tipo de discriminación” concluyó.